La Diputada Patricia Lanestosa Vidal, de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre una grave omisión en la reforma enviada por el Ejecutivo estatal al Congreso local para modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Austeridad y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esta reforma, que busca adecuar las leyes estatales al cambio de denominación de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, no incluye ajustes al Presupuesto de Egresos 2025, lo que podría condenar a la nueva dependencia a la parálisis financiera.
Lanestosa explicó que, aunque la reforma busca armonizar las leyes locales con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se tomaron en cuenta las implicaciones presupuestarias. «La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado establece que no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos. Al no estar contemplada la nueva Secretaría en el Presupuesto 2025, simplemente no podrá ejercer recursos», señaló.
La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria de MC enfatizó que esta situación refleja un problema recurrente en la administración actual: la premura en la elaboración de reformas. «Si el Ejecutivo hubiera esperado a conocer las modificaciones a nivel federal antes de enviar esta reforma al Congreso, ni ellos habrían duplicado esfuerzos ni nosotros estaríamos corrigiendo sus omisiones», indicó Lanestosa.
Ante este escenario, la legisladora anticipó que el gobierno estatal tendrá que enviar una nueva iniciativa de reforma para subsanar este error. Sin embargo, advirtió que, si no se corrige antes de la entrada en vigor de las modificaciones actuales, la Secretaría Anticorrupción podría enfrentar bloqueos financieros desde el inicio de su operación.
Lanestosa Vidal llamó al Congreso y al Ejecutivo a trabajar con mayor cuidado y coordinación para evitar estos problemas. «Es necesario emitir un exhorto al titular del Ejecutivo para que revise con mayor profundidad las implicaciones de las iniciativas antes de enviarlas al Legislativo. Estas omisiones afectan no solo a las instituciones, sino también a los ciudadanos que esperan un gobierno eficiente y transparente», concluyó.